La violencia en Colombia sigue mostrando signos de alarma. La conflictividad social y el asesinato de líderes sociales mantienen con preocupación a los organismos internacionales que analizan la situación en el país.
Así lo dejó en evidencia el más reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (AcnuDH), según el cual existe “un nivel de violencia endémica”.
Conforme lo revelado por el organismo internacional, en 2019 se registraron en el país 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por esta oficina desde 2014.
Una masacre, según la definición de la AcnuDH, ocurre cuando tres o más personas son asesinadas en el mismo hecho (lugar y momento) y por el mismo presunto perpetrador.
Los principales responsables de estos hechos, según las 1.151 misiones al terreno realizadas por la ONU, serían grupos criminales como el ‘clan del Golfo’, el Eln y ‘los Caparrapos’, que, en medio de la disputa por el control de economías ilícitas, asesinaron a 108 defensores de derechos humanos.
Líderes sociales
“De particular preocupación fueron las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento de los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida, así como graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra niñas y niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado”, indica el informe.
El 55 por ciento de los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurrieron en cuatro departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá.
Otro de los temas que causaron preocupación a este organismo es el de la ausencia de instancias del Estado en varias regiones del país, presencia considerada como “insuficiente”.
“Las cinco ‘Zonas Estratégicas de Intervención Integral’ establecidas por el Gobierno fueron creadas para atender este vacío. Sin embargo, el AcnuDH observó que la presencia estatal en estas zonas continúa siendo predominantemente militar, y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento”, manifiesta el informe.
De particular preocupación fueron las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento de los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también pidió al Estado colombiano iniciar “investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad durante las recientes protestas sociales”.
Entre sus preocupaciones por el manejo que ha dado el Estado a la protesta social, esta oficina recomendó al Estado restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y los estándares internacionales, el uso del Ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social.
Así mismo, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la Policía, recomienda transferir la supervisión de la Policía al Ministerio del Interior. Con respecto a esta materia, en diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque salió en defensa del Esmad.
“Es que los policías de Colombia no se levantan a nada distinto que proteger a los colombianos, protegerles la vida, la honra, los bienes, los derechos, la libertad”, dijo el jefe de Estado.
Son muchos los cuestionamientos que en los últimos meses ha recibido el Esmad, especialmente tras la muerte de Dilan Cruz, quien falleció tras ser impactado por un proyectil lanzado por un miembro del Esmad.Proceso de paz
El informe exhorta también al Estado a seguir avanzando en la implementación simultánea e integral de todos los puntos del acuerdo de paz, especialmente con respecto a las disposiciones relativas al enfoque étnico y de género y a la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En otro apartado se pide al Estado acelerar la implementación de la reforma rural integral, en coordinación con otros procesos e instrumentos de planificación, como el Plan de Reparación Colectiva y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito.
