Los hechos se remontan a julio del 2023. Un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar), María del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado en razón por la cuantía.
De acuerdo con el ente acusador El 10 de julio de 2013, mientras se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla (Atlántico), libró mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado. Decisión manifiestamente contraria a la ley en cuanto desconoció las pruebas y normas que demostraban que las mesadas que sustentaban su determinación habían sido pagadas de manera completa y oportuna.
Con esta actuación la funcionaria incrementó injustificadamente el valor inicial de 571 millones de pesos que ella misma liquidó en un auto anterior del 24 de mayo de 2010, al reconocer rubros desembolsados con anterioridad por el Instituto de Seguro Social (ISS) y adicionar intereses moratorios e indexación. Lo anterior, pese a que el Tribunal Superior de Barranquilla advirtió de manera expresa que el crédito debía fijarse en ‘cero’ porque las obligaciones pensionales estaban cubiertas en su totalidad.
Para la Fiscalía la funcionaria judicial favoreció al accionante al permitir que se apropiara de dineros por concepto de mesadas que el ISS pagó a tiempo. Una situación que generó un detrimento patrimonial para el Estado.
Magistrada de Cartagena es investigada por presuntas irregularidades en proceso pensional
Una magistrada del Tribunal Superior de Cartagena fue imputada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en un millonario desfalco relacionado con el pago de una pensión. El caso se originó en hechos ocurridos en julio de 2013, cuando la funcionaria ejercía como juez laboral del circuito de Barranquilla.
Según el ente acusador, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia formuló cargos contra María del Carmen Ramírez Villanueva por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros, este último agravado por la cuantía del presunto daño.
La investigación señala que el 10 de julio de 2013 la entonces jueza ordenó el pago de más de 1.697 millones de pesos a un pensionado, pese a que existían pruebas que demostraban que las mesadas ya habían sido canceladas de manera completa y dentro de los plazos legales. Para la Fiscalía, esta decisión habría sido abiertamente contraria a la normatividad vigente.
De acuerdo con el expediente, la funcionaria aumentó de forma injustificada una liquidación inicial que ascendía a 571 millones de pesos, cifra que ella misma había fijado en un auto del 24 de mayo de 2010. En esa nueva determinación, reconoció valores que ya habían sido pagados por el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS), además de sumar intereses moratorios e indexación.
La Fiscalía también destacó que el Tribunal Superior de Barranquilla había advertido expresamente que la obligación pensional debía establecerse en cero, dado que el pensionado ya había recibido la totalidad de los pagos correspondientes.
Para el ente investigador, estas actuaciones permitieron que el beneficiario se apropiara de recursos públicos que no le correspondían, lo que habría generado un detrimento patrimonial para el Estado. El proceso judicial continuará para determinar la responsabilidad penal de la magistrada.
