La posibilidad de que unos 9 millones de hogares colombianos reciban una renta básica durante la emergencia por la pandemia volverá a ser debatida en el Congreso de la República.
La iniciativa que no deja de ser polémica por el costo que representaría para el Estado fue radicada el pasado 20 de junio por el senador del Partido Verde Iván Marulanda con el respaldo de 68 congresistas, 47 senadores y 21 representantes.
El proyecto, que tiene una nueva oportunidad tras no ser aprobado en la anterior legislatura, plantea entregar a unos 9 millones de hogares de sectores vulnerables de la población, un salario mínimo vigente ($877.000) por tres meses y medio salario mínimo por dos meses más.
“Los recursos están, esto vale unos 3 puntos del PIB”, dijo el senador Marulanda quien explica que son varias las alternativas de financiación que podría buscar el Gobierno como son usar recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) o de préstamos internacionales.
Para Marulanda, el ingreso solidario que entrega $160 mil mensuales a 3 millones de personas no se puede considerar una renta básica ni suple las necesidades que tienen los hogares afectados por el desempleo, la informalidad y la pobreza en medio de la pandemia.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana había analizado el costo de crear de manera permanente, tanto una renta básica universal (RBU), que consiste en una transferencia monetaria mensual por parte del Gobierno a todos los adultos del país y de otros tipos de rentas que garanticen un nivel de vida mínimo como una renta básica garantizada o un ingreso mínimo garantizado.
“Con un ingreso mínimo garantizado podría acabar con la pobreza extrema en Colombia por un costo de 4,6 billones de pesos, o 0,43% del PIB, mientras que sacar a todos los colombianos de la pobreza costaría 30,4 billones de pesos, o un 2,8% del PIB”, indica el análisis.
De acuerdo con el director del Observartorio, Luis Carlos Reyes, se debe tener en cuenta que para que un mecanismo de renta o ingreso garantizado sea efectivo y no cueste “una cantidad de dinero inalcanzable”, el Gobierno debe saber con precisión cuánto gana cada ciudadano, pero con una informalidad laboral como la que existe en el país cercana al 50%, esta condición no se cumple.
Por su parte, presidente de la Anif, Mauricio Santamaría, ha señalado que ve viable establecer la renta básica si se dan condiciones como que se ajuste el pago de impuestos de personas naturales, que se avance en mejorar la formalidad laboral y que esta renta se convierta en un pilar de política social en el país.
Fuente: el Herlaldo
